Un operativo policial en Achocalla desmanteló una fábrica de billetes falsos operada por un clan familiar. Según la Fiscalía, este grupo no trabajaba solo: dependía de una red de entre 10 y 20 distribuidores que se encargaban de meter el dinero falso directamente en las provincias de La Paz.
El operativo, ejecutado en flagrancia por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Fiscalía en un inmueble de la zona Arco Iris, derivó en la captura de cuatro integrantes de la familia. Sin embargo, el foco de la investigación criminal se ha ampliado tras confirmarse el alcance geográfico que pretendía la organización.
La Fiscalía General del Estado estableció preliminarmente que el área rural paceña constituía el mercado objetivo prioritario para el grupo delincuencial. El flujo masivo de transacciones en ferias populares, el comercio predominantemente informal y los limitados sistemas de verificación de autenticidad en los municipios alejados facilitaban el ingreso del dinero ilícito sin levantar sospechas inmediatas.
El fiscal del caso, Cristian Ventura, detalló que el nivel técnico alcanzado por la familia en el taller de Achocalla era “sumamente avanzado”. Con maquinaria calibrada específicamente, impresoras, prensas y laminadoras, lograban producir piezas calificadas como «idénticas» en cortes de Bs 10, Bs 20, Bs 50, Bs 100 y Bs 200, además de billetes de 100 dólares estadounidenses. Un sistema completo de impresión, prensado y secado permitía mantener un stock constante para abastecer a la red de distribuidores locales.
Por su parte, el Director Departamental de la FELCC, Henry Pinto, indicó que las indagaciones comenzaron meses atrás a raíz de un incremento inusual en las denuncias sobre la circulación de circulante falso en el departamento. En este momento, los peritos informáticos centran sus esfuerzos en el desprecintado y análisis técnico de los teléfonos celulares secuestrados durante el allanamiento, con el fin de identificar formalmente, localizar y capturar a la veintena de intermediarios que operaban en el área provincial.
Los tres principales sospechosos de liderar el clan familiar aguardan su audiencia de medidas cautelares bajo la solicitud fiscal de detención preventiva, procesados por los delitos de falsificación de moneda y asociación delictuosa, cuya sanción máxima alcanza los ocho años de presidio. El material incautado será remitido al Banco Central de Bolivia (BCB) para una pericia científica definitiva.