Ante la citación del presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo , para declarar por un caso de corrupción, el Comité pro Santa Cruz y los 24 sectores que lo componen se declararon este sábado en estado de emergencia.
«Los 24 sectores que comprenden la entidad cívica, con sus más de 300 instituciones nos declaramos en estado de emergencia ante la presión del Gobierno de aprehender a nuestro líder cívico», dice el comunicado.
Calvo fue citado a declarar ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz por una demanda interpuesta por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Hernán Hinojosa, quien denunció al cívico por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público, además de ejercicio indebido.
Asimismo, los cívicos pidieron a la población de esa región estar alerta anta la nueva arremetida judicial por parte del MAS, que haciendo uso de la justicia intenta implantar un régimen dictatorial y someter al país a un sistema totalitario.
El diputado del MAS sindicó a Calvo de haber causado un daño económico a la Alcaldía cruceña cuando ejerció como burgomaestre. Además de ganar sueldo sin asistir a la Caja Petrolera de Salud para la prestación de sus servicios.
Rechazan persecución
En ese contexto, la organización política Creemos rechazó la persecución política a los dirigentes cívicos y cuestionó la doble moral del Gobierno a la hora de realizar una marcha por la democracia ya la par que esté ejecutando una «cacería política» con el objetivo de criminalizar el derecho a la protesta.
«Rechazamos contundentemente la forma en la que el gobierno ha iniciado una cacería política contra líderes cívicos de Tarija, Chuquisaca, Puerto Suárez y Riberalta, con el objetivo de criminalizar el derecho a la protesta y disentir contra medidas represoras, tiránicas y totalitarias en un intento de quebrantar la democracia plural vulnerando derechos, garantías y libertades de todos los bolivianos «, dijo el diputado Erwin Bazán.
Asimismo, denunciaron ante la comunidad internacional la manipulación del sistema judicial para usarlo como un instrumento opresor para ejecutar las acciones autoritarias del Gobierno de Luis Arce.
Finalmente, alertaron la ejecución de una estrategia contra Katriel Müller, dirigente cívico de Riberalta en el Beni, que fue aprehendido el martes 23 porque lideró los bloqueos contra la Ley 1386, aprehensión que se habría dado fuera del marco del debido proceso.