Al cierre de sus gestiones incumplen el pago de contratos por servicios. La Directiva de la Asamblea se niega a gestionar los recursos económicos para cancelar deudas adquiridas por servicios, entre ellos el alquiler de la Asamblea. La Gobernación por su parte, adeuda numerosos contratos y sueldos del personal. En ambas Instituciones se habrían utilizado los fondos de estas partidas presupuestarias para las campañas políticas partidarias realizadas recientemente.
