Además del proceso penal, se anunció la baja de la institución para los involucrados. Mientras, aún se desconoce el paradero del prófugo.
En el marco de la investigación por la fuga de un preso sentenciado del penal de Morros Blancos, este viernes fueron aprehendidos siete de los policías a cargo de la seguridad del recinto y cinco civiles por presuntamente haber favorecido el escape ocurrido hace dos semanas. Se investiga si recibieron dinero a cambio de liberarlo.
Además del proceso penal, se anunció la baja de la institución para los involucrados. Mientras, aún se desconoce el paradero del prófugo.
Antecedentes
La mañana del lunes 6 de abril el Comando Departamental de la Policía confirmó la fuga de Jhuder Alex Rengifo Tarifa de 25 años de edad, sentenciado por asesinato de otro preso, además de otros cargos.
Una primera versión oficial señalaba que el sindicado había fingido estar enfermo en la madrugada para que lo lleven a Emergencias y que en el trayecto escapó bajando del vehículo policial al llegar a un semáforo en rojo.
Luego trascendió que en realidad habría salido la noche del 5 para acudir a un festejo y que para ello contó con complicidad de parte del personal. Inicialmente se sospechó de dos guardias, este viernes se confirmó que son siete.
Tras el operativo el comandante departamental, coronel Marco Antonio Rojas, dijo que a horas 7.00 durante el relevo de turno fueron aprehendidos siete efectivos: un subteniente, un suboficial y cinco sargentos. Adelantó que ya se tramita su baja.
“Ya no van a trabajar ni en el penal ni en la Policía porque vamos a ser contundentes en este tipo de hechos. No vamos a escatimar esfuerzos para alcanzar la corrupción cero”, afirmó.
La coordinadora de la Fiscalía, Lesly Alemán, evitó dar detalles porque el caso está en reserva, pero informó que a las siete aprehensiones se suman cinco arrestos de civiles que también podrían estar implicados. Para esclarecer el caso se realizó un allanamiento en la cárcel, donde se secuestró documentación y registros de las cámaras de seguridad para evidenciar el grado de participación de cada investigado.
Este proceso contra los funcionarios es por presunto delito de favorecimiento a la evasión y avanza paralelamente a la que enfrenta el prófugo.