La asambleísta de Libre María René Álvarez fue electa este jueves como presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental para la gestión 2026 a 2027. La «jaguar chiquitana» afirmó que un nuevo tiempo con autonomía y libertad comienza para Santa Cruz. La exdiputada representante de la Chiquitania, recibió el apoyo de la bancada mayoritaria de la alianza Libre y será quien dirija el ente legislativo cruceño que acompañará la gestión del gobernador Juan Pablo Velasco.
«Hoy inicia un nuevo tiempo para Santa Cruz, con mayor autonomía y libertad para decidir el destino de los cruceños y vamos a trabajar desde este parlamento de la cruceñidad para darle a nuestro departamento un mejor futuro», manifestó Álvarez.
Álvarez es una joven política orgullosa de su herencia chiquitana y por ello siempre lleva y luce los símbolos de su tierra, con profunda fe católica y que sabe desarrollarse en armonía con el medio ambiente. La asambleísta, conocida como la «jaguar chiquitana», por su procedencia de San Ignacio de Velasco, tiene una amplia trayectoria en la defensa del medio ambiente, el territorio y los derechos de los pueblos indígenas de tierras bajas. Durante sus cinco años de gestión como diputada nacional denunció los avasallamientos de tierras en Santa Cruz y reveló la existencia de una mafia organizada entre el Gobierno del MAS y sus grupos afines como los denominados interculturales.
En su labor legislativa también pidió que se abroguen las leyes incendiaras, como la Ley 741 que desde 2015 permite las quemas indiscriminadas de bosques y que en 2024 llegó a consumir más de 12 millones de hectáreas, en el peor desastre ambiental que vivió el país.
Entre sus logros de gestión parlamentaria está la paralización de las actividades mineras en el AMNI San Matías, mediante una demanda cautelar ambiental. Impulsó la conformación del Comité Interinstitucional para la protección del Bajo Paraguá, así como una Acción de Cumplimiento para que la Alcaldía de San Ignacio de Velasco active los mecanismos legales para evitar avasallamientos en esa región.
También presentó una Acción Popular para denunciar la construcción de la carretera La Guardia – Tres Cruces – Buena Vista, con afectación a los acuíferos de la UCPN Güendá – Urubó y logró que la justicia ambiental se manifieste en un tema vital como es el manejo de los residuos sólidos en el botadero municipal de San Ignacio de Velasco, que tuvo esta semana una inspección in situ para establecer responsabilidades y activar un proceso ambiental que precautele la salud de las comunidades afectadas por la contaminación generada.