Las solicitudes fueron presentadas por el diputado de la alianza LIBRE y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Antonio Loma, mediante el presidente de ese órgano legislativo.
La Cámara de Diputados inició un proceso de fiscalización sobre las designaciones realizadas en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz y en la oficina de Derechos Reales (DDRR) de El Alto. Mediante Peticiones de Informe Escrito (PIE), busca verificar si los nombramientos cumplieron los principios de idoneidad, mérito y transparencia, tras denuncias de presuntas irregularidades.
Las solicitudes fueron presentadas por el diputado de la alianza LIBRE y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Antonio Loma, mediante el presidente de ese órgano legislativo, Roberto Castro Salazar, y están dirigidas al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y al presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer.
El legislador solicita al presidente del TSJ informar, en el plazo de diez días, sobre el proceso mediante el cual Isaías Jorge Vargas Chambi fue designado presidente del TDJ-La Paz, tras la renuncia de la vocal Margot Pérez Montaño.
Consulta si Vargas Chambi estuvo vinculado a la defensa de la magistrada Fanny Coaquira Rodríguez en el denominado caso «consorcio» y pide establecer si contaba con los méritos, la experiencia y los requisitos profesionales para asumir el cargo de vocal y posteriormente la presidencia del TDJ paceño.
Asimismo, solicita que el TSJ remita toda la documentación presentada por Vargas Chambi durante su postulación, los criterios técnicos utilizados para su evaluación y la identificación de los magistrados que respaldaron su designación como vocal del TDJ-La Paz.
Otra de las peticiones se refiere a la designación de Leonor Vera Condori como registradora titular de Derechos Reales de El Alto. El diputado pide le informe si el presidente del TSJ tenía conocimiento de los cuestionamientos formulados antes de que el TDJ-La Paz aprobara su nombramiento sobre la base de una terna remitida por el Consejo de la Magistratura.
En ese contexto, también requiere que el TSJ informe si la Sala Plena del TDJ-La Paz contaba con el Informe Final N.º 1173/2025, de 24 de noviembre de 2025, referido a una presunta responsabilidad administrativa y posibles indicios de responsabilidad penal de Leonor Vera Condori y, en caso afirmativo, explicar qué valoración se otorgó a esos antecedentes durante el proceso de selección.
Asimismo, solicita toda la documentación relacionada con la sesión, incluyendo la convocatoria, citaciones, notificaciones, orden del día, acta de la sesión y la justificación para convocar a una sesión extraordinaria, considerando que el proceso permanecía pendiente desde meses atrás.
En otra petición dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, el legislador solicita informar si esa institución tenía conocimiento de las denuncias contra Leonor Vera antes de su preselección e incorporación a la terna remitida al TDJ-La Paz. Pide informe detallado sobre todos los procesos sumarios, sanciones ejecutoriadas, denuncias, informes de responsabilidad administrativa o investigaciones que registraba la postulante especificando el estado y resultado de cada caso.
Con estas actuaciones, el legislador busca lanzar una voz de alerta para que, en el Consejo de la Magistratura de La Paz, no se comentan manipulación en la calificación de notas a postulantes no solo para DDRR, sino también para conciliadores en procesos amañados favoreciendo a algunos postulantes sin méritos.