El Ministro de Trabajo anunció que la ATT se reunirá con transportistas en Cochabamba para abordar aspectos técnicos y que la próxima semana se instalarán otras mesas con las áreas de hidrocarburos y economía.
El Gobierno abrió mesas técnicas con el sector del transporte para abordar sus demandas y los efectos del Decreto Supremo 5716, que elimina la subvención al diésel, y pidió evitar la confrontación. Los dirigentes, por su parte, señalaron que las explicaciones recibidas no los convencieron y que esperarán propuestas formales antes de definir nuevas medidas.
“Lo que menos queremos es que haya una suerte de confrontación, una suerte de ruptura, lo que no va a ayudar en nada”, afirmó el ministro de Trabajo, Williams Bascopé, tras destacar como productivo el primer acercamiento con el Transporte Libre y anunciar la instalación de mesas de trabajo para atender sus demandas.
Bascopé anunció que la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) se reunirá con transportistas en Cochabamba para abordar aspectos técnicos y que la próxima semana se instalarán otras mesas con las áreas de hidrocarburos y economía. También se planteó una agenda sobre seguridad ciudadana y mencionó como alternativas la transformación energética hacia GNV o vehículos eléctricos.
Sin embargo, el dirigente del Transporte Libre de Bolivia, Limbert Tancara, afirmó que las explicaciones del Gobierno no convencieron al sector y señaló que esperan recibir por escrito las propuestas. Indicó que las bases serán consultadas en ampliados departamentales antes de asumir una determinación.
Tancara sostuvo que el sector ingresó en un cuarto intermedio y mantiene el estado de emergencia, por lo que no descartó movilizaciones si las propuestas no satisfacen sus demandas. También reclamó la presencia de los ministros de Hidrocarburos y Economía y del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para abordar el incremento del costo del diésel.
Sobre la subvención, Bascopé defendió la decisión del Gobierno y afirmó que el país no podía continuar destinando unos $us 55 millones por semana a ese mecanismo, mientras los transportistas plantearon que cualquier reajuste tarifario debe basarse en estudios técnicos y contar con la mediación del Gobierno, gobernaciones y alcaldías.
