La norma limita los beneficios a quienes quedaron huérfanos desde el 5 de marzo de 2026. Abuelas y hermanos mayores que cuidan a los menores exigen al Gobierno modificar la reglamentación para que todos reciban protección y reparación.
Familiares de mujeres víctimas de feminicidio en Cochabamba denunciaron que el recién aprobado reglamento de la Ley 1680 discrimina y excluye, a cientos de huérfanos en Bolivia, de todos los beneficios por los que se luchó desde hace más de tres años, y cuya conquista en el Legislativo no es más que un acto de justicia con niños y adolescentes a los que la violencia les arrebató todo: a su madre, un hogar, seguridad, estabilidad, sanidad, alegría y sus sueños.
“Señor Presidente Rodrigo Paz, soy Froila Ramírez Mamani, tengo 69 años y desde hace nueve cuido a mis dos nietos que han quedado huérfanos. Vivimos en alquiler, yo era trabajadora del hogar, pero desde agosto tengo que ir a diálisis porque mis riñones se han secado, no nos alcanza el dinero. Hemos luchado porque la Ley 1680 se apruebe y estábamos esperando el reglamento para contar con el bono, el apoyo psicológico, pero nos enteramos que solo es para los niños que queden huérfanos después del 5 de marzo de 2026 y eso no es justo. Mire mi situación, soy una mujer mayor, que dializa y cuida a sus nietos de 11 y 13 años. Le pido a Dios que toque su corazón, esta Ley tiene que ser para todos los huérfanos de feminicidios que son menores de edad, por favor”.
Después de una lucha de más de tres años, con plantones, protestas y viajes de estos familiares a la sede de Gobierno, la Ley 1680 fue promulgada en Bolivia el 5 de noviembre de 2025 y establece medidas de protección integral, atención y reparación para las hijas e hijos que quedan huérfanos a consecuencia de feminicidios y otros delitos contra la vida, en contextos de violencia. De acuerdo con las argumentaciones presentadas en las sesiones de la Asamblea Legislativa, se planteó que, desde 2013, cuando la Ley 348 incorporó el delito de feminicidio al Código Penal boliviano, se estimaba que había unos 1.600 huérfanos en el país, aunque, probablemente, varios de ellos, ya cumplieron la mayoría de edad.
Sin embargo, toda ley requiere de un reglamento para establecer la forma en la que se hará realidad la normativa. El actual gobierno analizó una propuesta de reglamentación elaborada por expertos, pero la modificó y a mediados de octubre publicó en la Gaceta Jurídica un reglamento que fue baldazo de agua fría para los familiares de víctimas de feminicidio, porque establece que todos los beneficios de la ley son para los huérfanos de feminicidio y otros delitos contra la vida que surjan a partir del 5 de marzo de 2026.
Es decir que, los 1.600 huérfanos estimados desde 2013 a la fecha, quedarían excluidos de la protección, reparación y de todos los beneficios de esta normativa. “Esto nos ha dejado en shock, hemos llorado y seguimos llorando porque no se puede hacer diferencias entre huérfanos que han vivido el mismo dolor, la misma tragedia, las mismas pesadillas y traumas. ¿Acaso ahora habrá huérfanos de feminicidio de primera y huérfanos de segunda? No podemos aceptar esta reglamentación. La rechazamos totalmente porque es injusta, porque ignora a niños y adolescentes que ya han sufrido tanto con la indiferencia de los gobiernos. ¿De qué reparación hablan si los quieren condenar a nuestros nietos a seguir siendo invisibles?”, dijo Anabel Fernández, otra abuelita que trabaja como ayudante de cocina para mantener a tres nietos de 11, 9 y 6 años, luego de que su hija muriera quemada.
Camila Condori es una joven que a los 20 años tuvo que asumir un rol que no le correspondía: ser mamá de sus tres hermanos menores, de 17, 7 y 6 años, luego de que su madre fuera apuñalada por su expareja en 2023. Para ella, la Ley 1680 era un motivo de esperanza para sacar adelante a sus hermanos. “Estamos muy dolidos porque no es justo que hagan diferencias y la ley solo proteja a unos huérfanos y a otros no. Tengo entendido que, en la misma ley, se aprobó que el dinero para el bono, la terapia psicológica y todo lo demás saldrá de los impuestos que pagan por la venta de bebidas alcohólicas. Si es así, ¿por qué quieren discriminar a más de 1.000 huérfanos que no tienen la culpa de que sus madres hayan sido asesinadas? Pedimos al Gobierno que se ponga la mano al pecho y modifiquen ese reglamento, todos los huérfanos por feminicidio necesitan protección, no solo algunos”, dijo.
