La medida judicial que limita la difusión de encuestas en la recta final del balotaje en Santa Cruz genera inquietud institucional y será evaluada por el Consejo de la Magistratura
La decisión de un juez de prohibir la difusión de encuestas en plena recta final hacia el balotaje por la Gobernación de Santa Cruz desató una controversia política e institucional, que ya derivó en el anuncio de una investigación por parte del Consejo de la Magistratura sobre la actuación judicial.
El juez Diego Campero García, del asiento judicial de El Torno, ordenó la “ suspensión inmediata” de la difusión de cualquier encuesta o estudio de intención de voto antes, durante y después del debate entre los candidatos Juan Pablo Velasco y Otto Ritter, argumentando la necesidad de proteger el derecho ciudadano a elegir libremente.
La medida surge a partir de una acción popular presentada por María Aramayo Quinteros contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, bajo el argumento de que las encuestas podrían “confundir a la población” y generar un “mal mayor” en el proceso electoral.