La Vicepresidencia de Bolivia defiende a Edmand Lara tras declaraciones del general Sokol.
Conflicto entre la Vicepresidencia y la Policía Boliviana
Una crisis institucional se desató entre la Vicepresidencia del Estado y el Comando General de la Policía Boliviana. Este conflicto comenzó como una fiscalización por presuntos actos ilícitos, pero rápidamente derivó en un cruce de acusaciones legales y cuestionamientos sobre la idoneidad de las autoridades, poniendo en tela de juicio la transparencia de la institución “verde olivo”.
El vicepresidente Edmand Lara denunció irregularidades en operativos denominados “Maletas” y “Dádivas”. Según la Vicepresidencia, estas denuncias se basan en los cuadernos de investigación 085/2026 y 086/2026 de la Dirección General de Investigación Policial Interna (DIGIPI). Estos casos involucran a oficiales de alto rango y al exayudante de órdenes del Ministerio de Gobierno. Las implicaciones son graves: si se confirman, sugerirían una red de beneficios irregulares y manejo de influencias dentro de las estructuras de seguridad del Estado.
Por su parte, el Comandante General de la Policía, Mirko Sokol, defendió la institucionalidad frente a lo que considera ataques externos. En declaraciones recogidas por el medio unitel Sokol manifestó su rechazo a las críticas del vicepresidente, señalando que estas generan “malestar” en las filas policiales. El jefe policial centró su defensa en el historial disciplinario de Lara, quien fue miembro de la institución, mencionando antecedentes de 7 llamadas de atención, 3 arrestos y procesos previos.
Sokol argumentó que el respeto a la normativa del Régimen Disciplinario es fundamental. Emitir agravios contra la institución es considerado una falta gravísima que afecta la moral de los efectivos. La Vicepresidencia respondió formalmente este lunes con un comunicado que desvirtúa los señalamientos de Sokol.
La institución aclaró que el historial de Lara está viciado por vulneraciones al debido proceso. La sanción de baja definitiva que pesaba sobre él fue anulada por un Amparo Constitucional, ordenándose la reposición del juicio debido a errores procesales en el Tribunal Disciplinario de Santa Cruz. Se denunció que el actual vicepresidente no fue notificado personalmente en varios procesos, impidiéndole ejercer su derecho constitucional a la defensa.
La Fiscalía retiró acusaciones previas por falta de pruebas y otros procesos fueron rechazados. Actualmente, no existe ninguna sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de Lara. Analistas jurídicos coinciden en que este enfrentamiento evidencia una debilidad en el sistema de justicia interna de la Policía y una tensión política inusual entre el Ejecutivo y la fuerza pública.
Mientras Lara sostiene que su rol es denunciar la corrupción para transparentar el Estado, el mando policial interpreta estas acciones como un ataque sistemático de un exmiembro resentido con la institución. El conflicto se traslada ahora a los estrados judiciales, donde se deberá determinar si las pruebas contenidas en los cuadernos de la DIGIPI tienen el peso suficiente para procesar a los oficiales señalados y si los procesos disciplinarios contra Lara fueron efectivamente una forma de persecución interna o el cumplimiento legítimo de la norma policial.