Seguridad pactada en medio de dudas por la corrupción judicial
Tras el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure y la reunión interinstitucional de emergencia en la capital cruceña, donde autoridades judiciales, del Gobierno, la Policía, la Fiscalía, el municipio, la Gobernación y líderes cívicos declararon una ofensiva frontal contra el sicariato, se fortalecen las acciones de seguridad en la ciudad de los anillos. Sin embargo, junto al consenso para frenar la violencia, surgen duras críticas de actores políticos y ciudadanos que advierten que la corrupción, la extorsión y la impunidad dentro del propio sistema judicial, también alimentan la espiral criminal que golpea a Bolivia.
La cumbre, realizada el sábado en instalaciones del Comité Cívico pro Santa Cruz, reunió a representantes del más alto nivel. Pero fue la imagen del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, llegando con chaleco antibalas, la que resumió la gravedad del momento: un Estado golpeado por el crimen organizado y una institucionalidad bajo amenaza.
Desde la noche del sábado y en diferentes puntos de la ciudad, agentes de diferentes unidades de la Policía (grupo Delta, Utop y Daci, entre otros) realizan un control estricto de vehículos, como parte del Plan de Alto Impacto que busca recuperar espacios públicos y prevenir hechos delictivos en la capital cruceña.
“Lo que ha sucedido en Santa Cruz nos une para evitar que la situación crítica que hoy estamos viviendo se pueda combatir. Prácticamente, se le está declarando la guerra al sicariato, al narcoterrorismo que se ha instalado”, afirmó Saucedo, al confirmar el inicio de medidas severas y coordinadas para enfrentar a estructuras criminales que, según advirtió, buscan desestabilizar al país.
El mensaje institucional fue claro: la muerte de Claure marcó un punto de quiebre. El magistrado fue interceptado cerca de la medianoche por dos hombres armados cuando circulaba por la avenida Busch de Santa Cruz; cuatro disparos acabaron con su vida, según el IDIF. Su sepelio en Cochabamba, este domingo, estuvo acompañado de pedidos de justicia y de una creciente sensación de vulnerabilidad.
Aldo Ismael Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, expresó el impacto interno que dejó el crimen. “Nosotros estamos consternados como órgano judicial. Hemos sido flagelados inconmensurablemente. La pérdida de la vida, de manera cobarde, de un alto funcionario judicial nos tiene que flagelar como sociedad”, sostuvo.
Desde el ámbito político, María René Álvarez, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, exigió respuestas inmediatas del nivel central: mayor inteligencia policial, más efectivos, reformas legales y una revisión normativa, advirtiendo que Santa Cruz enfrenta una vulnerabilidad cada vez más evidente ante el crimen organizado. “No hay más tiempo para excusas. La seguridad ciudadana debe ser una prioridad”, remarcó.
Mientras el discurso oficial se enfocó en la guerra contra el crimen en las calles, voces críticas apuntaron hacia otro aspecto del problema: la descomposición institucional. El senador Leonardo Roca, de alianza Libre, afirmó que Bolivia enfrenta también un “sicariato judicial”, definido como una estructura de corrupción enquistada en juzgados y tribunales.
“Hay un sicariato que no usa pistola. Usa toga, sello y firma. Cobra por resolver, cobra por dilatar, cobra por favorecer”, lanzó el legislador, al exigir al TSJ una depuración profunda antes de reclamar credibilidad pública.