El veredicto del juez Cohn “abre una línea de jurisprudencia para iniciar procesos civiles en ese país en contra de responsables de delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetrados en países fuera de Estados Unidos”, dijo el Ministro de Justicia.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, emitió un comunicado en el que saluda el fallo de un juez en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín, y advierte que esta sentencia es prueba de que, con el decreto que la expresidenta Jeanine Áñez emitió el 15 de noviembre de 2019, su gobierno también cometió ejecuciones extrajudiciales en Sacaba y Senkata.
En la parte central del comunicado, establece que la sentencia de 22 páginas suscrita por el Juez Cohn “estableció suficiente evidencia para demostrar que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables de las ejecuciones extrajudiciales de bolivianos que se registraron después de la promulgación del Decreto Supremo 27209 de 11 de octubre de 2003, una norma presidencial similar al Decreto Supremo 4078 del 15 de noviembre de 2019 que devino en las masacres de Sacaba y Senkata», dice Lima.
La decisión del Juez Cohn, según Lima, se basa en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura (TVPA en inglés) de 1992 y abre una línea de jurisprudencia para iniciar procesos civiles en ese país en contra de responsables de delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetrados en países fuera de Estados Unidos.
En este momento, el mismo gobierno señaló que el exministro de Gobierno de la gestión de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, y el de Defensa, Luis Fernando López, se encuentran en Estados Unidos.
n el texto, el ministro saluda como un acto de justicia e importante precedente contra la impunidad el fallo del juez del Distrito Federal de Miami, James I. Cohn, que ratifica la sentencia de $us 10 millones en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, “como reparación por la masacre de hermanos alteños en octubre de 2003”.
El jurado en este caso promovido por los familiares de ocho de las más de 60 víctimas fatales de la masacre de octubre de 2003, escuchó los testimonios de 40 testigos durante un juicio oral que duró tres semanas.