Por el caso hay nueve procesados; el autor, sus dos familiares, un exjuez y sus dos excolaboradores, un médico y una jurista. El cómplice sentenciado fue beneficiado con arresto domiciliario.
La madre y la hermana de Richard Choque, el asesino y violador serial, fueron enviadas ayer con detención preventiva a las cárceles de Obrajes y Miraflores, respectivamente. Las dos mujeres son acusadas por trata y tráfico de personas y complicidad en los asesinatos de dos adolescentes, de 15 y 17 años, encontradas enterradas el 24 de enero en su domicilio ubicado en El Alto, La Paz.
Carmen Rosa S.M., abogada de Choque, fue aprehendida anoche y trasladada a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El caso del asesino serial tiene nueve procesados, incluyendo al principal autor que está detenido en Chonchocoro. La mamá y la hermana de Richard Choque fueron enviadas a cárceles de La Paz, mientras su abogada fue aprehendida. Asimismo, el exjuez Rafael Alcón, quien liberó al sentenciado, está recluido en San Pedro. En tanto, sus excolaboradores Raúl G.O. y Jessica Ch.L., exsecretario y trabajadora social, fueron imputados, al igual que el médico Freddy T.R., quien habría firmado el certificado que permitió a Choque salir de la cárcel, aunque él se declaró ayer inocente y dijo “no hay mi certificado para hablar del asunto”. José Luis Casilla, cómplice del asesinato en 2013 de una joven, fue beneficiado con detención domiciliaria, pero la Fiscalía apeló ese fallo.
OTRO ASESINO BENEFICIADO POR ALCÓN Choque Flores, feminicida y violador serial recapturado hace poco más de una semana, no fue el único sentenciado beneficiado con una resolución del ahora exjuez Rafael Alcón Aliaga, hermano del exconsejero de la Magistratura Gonzalo Alcón. Rubén Omar Centellas Quevedo, conocido como el descuartizador, fue condenado a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, en 2004 tras haber confesado el asesinato de Carmen Rosa Peña, pero a finales de 2021 fue beneficiado con detención domiciliaria argumentando que padecía diabetes.
Al respecto, el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Clemente Ramos, solicitó ayer al Consejo de la Magistratura que realice una auditoría al caso de este asesino liberado, por el mismo juez que Richard Choque, y sea sancionado.
El asesinato de la profesora Carmen Peña fue extremadamente violento. Centellas debía cumplir su condena en el penal de Palmasola de Santa Cruz, departamento donde ocurrió el crimen, pero en 2005 protagonizó una fuga masiva de reos del penal. El recluso fue enviado, por su alta peligrosidad, a la cárcel de Chonchocoro de La Paz, pero tiempo después fue trasladado a San Pedro.
El abogado de la familia de la víctima, Édgar Armaza, dio a conocer que el condenado comenzó a presentar documentación entre agosto y septiembre de 2021 solicitando su detención domiciliaria, pese a que tenía sentencia condenatoria ejecutoriada. En octubre de ese año, el entonces juez Rafael Alcón le otorgó esa medida sustitutiva por dos años y sin custodios.
La defensa de la víctima apeló ese fallo y el vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia de La Paz revocó el pasado 7 de enero el dictamen, que favorecía a Centellas, emitido por Alcón. Sin embargo, el sentenciado activó un recurso de acción de libertad que fue atendido por el juez del Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal de El Alto, quien revocó la resolución del vocal anterior y ratificó el fallo de Alcón beneficiando al condenado.
COMISIÓN REVISORA Por instrucción del presidente Luis Arce, una comisión conformada por el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Presidente de la Cámara de Senadores, Presidente de la Cámara de Diputados, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente del Consejo de la Magistratura, Presidente del Tribunal Constitucional, Fiscal General del Estado y Procurador General del Estado revisará los casos de violación y feminicidio para identificar a sentenciados liberados, y ese grupo, que deberá presentar los resultados en máximo 120 días, tendrá su primera reunión mañana en la Casa Grande del Pueblo en La Paz.
Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó que en el aspecto legislativo tratarán la pena por prevaricato debido a que la sanción por ese delito es de solo cuatro años de cárcel y no sería “proporcional” considerando la liberación de feminicidas y violadores.