Mediante la Acción Popular presentada el lunes esperan que la justicia pueda actuar con objetividad e independencia para preservar el medio ambiente y defender los derechos de los pueblos indígenas.
El río Pilcomayo en Villa Montes.
Tras haberse presentado el recurso de Acción Popular ante la Sala Constitucional Segunda de la ciudad de Tarija, para salvaguardar las aguas y biodiversidad del río Pilcomayo, parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) mantienen la esperanza de frenar la contaminación minera. Sin embargo, advierten que, en caso de no ser escuchados por la justicia boliviana, acudirán a instancias internacionales en pos del medio ambiente.
La senadora por CC, Nely Gallo, detalló que esta Acción Popular ha sido presentada el pasado lunes, y que ahora están a la espera que la justicia pueda actuar. En caso de no hacerlo, se está coordinando con la diputada supraestatal, Laidy Veizaga, para acudir a organismos internacionales y lograr que preserven las aguas del río Pilcomayo y se restituyan los derechos vulnerados a los pueblos indígenas.
“Se están vulnerando los derechos constitucionales, como el de vivir en un medio ambiente sano, el Estado tiene la responsabilidad de hacer el control de estas empresas que vierten sus aguas en el lecho del río Pilcomayo, para garantizar que la población boliviana viva en este medio ambiente sano y sobretodo tenga cuidado con su salud, que está siendo muy afectada la salud de los indígenas y de todas aquellas comunidades que viven de las aguas del Pilcomayo, desde sus cabeceras en Potosí hasta la región del Chaco en Tarija”, apuntó.
Gallo mandó al Gobierno nacional regular el funcionamiento de las empresas mineras, haciendo control de las licencias ambientales y exigiendo que su infraestructura pueda adecuarse a las normas ambientales, de esta manera evitar filtraciones de sus aguas que terminan contaminando al Pilcomayo.
El senador por Chuquisaca, Santiago Ticona, señaló que con esta Acción Popular buscan que los ministerio de Medio Ambiente, Minería y de Salud, respondan por sus obligaciones.
“Miren lo anecdótico, mientras el Gobierno organiza una marcha para el 17 de octubre para mostrar su fuerza política, nosotros como legisladores tenemos que acudir a instancias constitucionales para defender los derechos de los pueblos indígenas, para que se cumpla el derecho a vivir en un medio ambiente sano”, mencionó.
Ticona hizo énfasis en los últimos hechos que han causado una alarmante contaminación en el río Pilcomayo por la ruptura del dique de colas de una cooperativa minera en Potosí, de la que el Gobierno ha negado que haya habido contaminación.
“Dentro de este petitorio, estamos pidiendo que si se va hacer algún estudio, se lo haga con participación de los gobiernos de Argentina y Paraguay, para que sea un estudio objetivo e independiente”, apuntó.