Tres efectivos perdieron la vida en Llallagua, Potosí, y uno más en Confital, Cochabamba. Todos cumplían la misión de restablecer el orden y la paz frente a los bloqueos organizados por sectores afines al expresidente.
Entre humo, piedras y disparos, cuatro uniformes quedaron tendidos en la tierra. El teniente Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, el teniente Carlos Enrique Apata Tola y el sargento primero Jesús Alberto Mamani Morales perdieron la vida en Llallagua (Potosí); mientras que, en Cochabamba, el subteniente Christian Calle Alcón también cayó defendiendo el orden público. Jóvenes policías que murieron cumpliendo su deber durante operativos para desbloquear las vías y restablecer la paz, dejando atrás familias destrozadas que hoy claman justicia.
Más allá de compartir la profesión, tenían mucho en común: eran jóvenes con ganas de superarse, sueños por cumplir, orgullosos de portar el uniforme policial y firmes en su compromiso de servicio. Les arrebataron la vida en medio de una violencia extrema: fueron atacados con disparos, pedradas y, en uno de los casos, con un explosivo colocado sobre el cuerpo del oficial.
Llallagua y Cochabamba se convirtieron en los focos más violentos del conflicto. Todo comenzó el 2 de junio, cuando sectores afines al expresidente Evo Morales iniciaron marchas y bloqueos en distintos puntos del país, reclamando la escasez de combustible y dólares, el alza de precios en la canasta familiar y exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce, tras quedar inhabilitado Morales para las elecciones.
Las medidas, lejos de presionar al gobierno, terminaron asfixiando a los propios pobladores, transportistas y sectores productivos. En Llallagua, los vecinos, agobiados por la falta de provisiones y el cierre de rutas, solicitaron la intervención policial el martes 10 de junio. Al no llegar a un acuerdo con los bloqueadores, intentaron liberar las vías por cuenta propia, lo que desató una jornada de violencia. La tensión creció al día siguiente: se escucharon detonaciones de dinamita y se denunció el uso de armas de fuego por parte de los grupos movilizados. La Policía fue desplegada con el objetivo de restablecer el orden y habilitar el paso en la zona. En Cochabamba, los efectivos también avanzaban desde Parotani hacia Sayari y Bombeo, con la misma misión.
En Llallagua, la Policía fue rebasada por la violencia y cayó en una emboscada. Por la tarde, se reportó la primera baja: el teniente Brayan Barrozo murió por el impacto de un proyectil. Poco después se confirmó el fallecimiento del teniente Carlos Apata y, ya entrada la noche, el del sargento primero Jesús Mamani. El municipio quedó envuelto en duelo. La tensión era tal que, ante el trágico desenlace, las Fuerzas Armadas ingresaron con tanquetas para retomar el control. Los vecinos los recibieron con aplausos.
Al día siguiente, jueves 12 de junio, la tragedia se trasladó a Cochabamba. En una serranía de la zona de Confital fue hallado el cuerpo sin vida del subteniente Calle.
Los cuatro policías caídos compartían más que la vocación: eran muy jóvenes. El teniente Brayan Jorge Barrozo tenía apenas 23 años y formaba parte de la promoción 2024 de la Academia Nacional de Policías (Anapol). Prestaba servicio en la Unidad de Acción y Reacción “Delta”, con base en Oruro.
Su hermana Heidy lo recuerda como un joven alegre, positivo, sacrificado y lleno de metas. Soñaba con llegar a ser general algún día. El mismo día en que perdió la vida, alcanzó a llamar a su madre para decirle que estaba bien. Horas después, la familia recibió la llamada que jamás imaginó: Brayan había muerto.
Carlos Enrique Apata también prestaba servicios en Oruro. Formaba parte de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y era miembro de la promoción 2019 de la Anapol. Tenía 27 años, era el mayor de cuatro hermanos y padre de un niño de casi dos años.
“Junto con él, me mataron”, dijo su madre, con la voz quebrada por el dolor. No entiende cómo alguien pudo arrebatarle la vida con tanta brutalidad. Las heridas en su rostro, causadas por pedradas, impidieron incluso que su familia lo reconociera.
Tanto Apata como Barrozo fueron velados en el Batallón de Seguridad Física en Oruro. El teniente Apata fue sepultado el viernes 13 de junio en el Cementerio General de la ciudad, y un día después, el sábado 14, le dieron el último adiós al teniente Barrozo en el mismo lugar.
En tanto, el sargento primero Jesús Alberto Mamani y el subteniente Christian Calle fueron velados en ambientes de la Anapol, en La Paz. Allí, sus familias recibieron ayer reconocimientos póstumos por su servicio, y se anunció su ascenso honorífico como homenaje a su valor y entrega.
El sargento Mamani, quien a título póstumo ascendió al grado de sargento segundo, tenía 28 años y pertenecía a la promoción 2018 de la Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales. Prestaba servicio en la Dirección Departamental de Bomberos “Caracoles” de Potosí, donde era considerado un efectivo comprometido, siempre dispuesto a acudir donde más se lo necesitara. Entre sus últimas misiones estaba el rescate de mineros atrapados; una muestra de su vocación de servicio, que también lo llevó a Llallagua, donde portaba sus identificativos de Bomberos con la intención de brindar auxilio.
Sus camaradas lo recuerdan como un hombre noble, solidario, de carácter firme pero generoso. También tenía una gran sensibilidad: amaba a los animales, rescataba y rehabilitaba a los que encontraba heridos o abandonados.
Su muerte dejó destrozada a su familia. Nacido en Caranavi, su madre recuerda que hace poco le prometió tomarse vacaciones para llevarla de regreso a su tierra y pescar juntos, como cuando era niño. “Lo crié sola. Su papá murió cuando él tenía ocho años. Y ahora lo encuentro muerto, golpeado brutalmente. Solo pido justicia”, dijo entre lágrimas su madre, que migró a El Alto en busca de un futuro mejor para sus hijos.
Christian Calle tenía 23 años. Era subteniente y pertenecía a la promoción 2021 de la Anapol. A título póstumo fue ascendido al grado de teniente. Su muerte fue una de las más estremecedoras del conflicto. Según informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, fue secuestrado por bloqueadores, quienes, tras golpearlo brutalmente, le colocaron un explosivo en el abdomen para acabar con su vida.
Sus padres y su hermana no encuentran consuelo. Esa misma semana, Calle había acudido a recoger su memorando, ya que sería transferido a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Sin embargo, en lugar de eso, recibió la orden de trasladarse al punto de conflicto, decisión que su familia considera irregular. Por ello, además de pedir justicia para los autores materiales de su asesinato, exigen que se investigue la responsabilidad de los superiores de la Estación Policial Integral (EPI) de Villa Tunari de El Alto, donde trabajaba.
Calle había comenzado su carrera en Pando y el año pasado fue destinado a El Alto, más cerca de su familia. Tenía muchas aspiraciones: estudiaba con dedicación para ascender dentro de la Policía y, al mismo tiempo, cursaba la carrera de Ingeniería de Sistemas. Justamente esta semana tenía exámenes, pero, según su familia, su superior le negó el permiso y, en su lugar, lo envió al operativo en Cochabamba.
Era el pilar económico de su madre y su hermana. Hoy, ellas sólo tienen el recuerdo de un joven con vocación de servicio, que murió injustamente, y claman justicia por la pérdida.
Desde Oruro y La Paz, cada familia, por separado, alzó su voz con el mismo clamor: justicia. Sus palabras coincidieron en el reclamo. Exigen que los responsables de las muertes —tanto materiales como intelectuales— sean identificados, procesados y condenados a 30 años de prisión por asesinato. También cuestionaron las condiciones en las que sus seres queridos fueron enviados a los operativos: con uniformes, chalecos antibalas que consideran ineficaces y agentes químicos, pero sin armamento. Frente a ellos, según denuncias del propio Gobierno, había grupos con armas letales y dinamita. Una desventaja que, aseguran, los dejó indefensos ante una muerte anunciada.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó en conferencia de prensa que ocho personas fueron enviadas con detención preventiva, acusadas del presunto delito de asesinato, por su posible participación en las muertes de los policías en Llallagua. En el caso del crimen en Cochabamba, hasta el momento no se registró ninguna aprehensión.
Mientras las investigaciones avanzan, rindieron honores a sus caídos en todas las ciudades del país; sirenas encendidas, luces destellantes, oraciones, misas y altares se convirtieron en símbolo de respeto y duelo.