Se exigió, también, que la Asamblea Legislativa Plurinacional restituya los 2/3 para la aprobación de las leyes.
Un cabildo, organizado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), determinó hoy demandar la renuncia del gobernador, Jhonny Mamani; del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Rogelio Mamani; además del comandante departamental de la Policía, coronel Juan Carlos Mercado; y emplazó al Gobierno abrogar la Ley 1386 en un plazo de 24 horas.
Esas fueron algunas determinaciones aprobadas en un documento de nueve puntos leído por el presidente del ente cívico, Juan Carlos Manuel, en la plaza 10 de Noviembre tras una marcha que recorrió el centro de la ciudad en conmemoración al aniversario departamental.
El segundo punto del pronunciamiento señala “exigir la renuncia del gobernador Jhonny Mamani, del presidente de la Asamblea Departamental de Potosí por financiar y encabezar los enfrentamientos” de ayer que derivaron en el deceso de un campesino.
Mientras que el tercer punto se señala “exigir la renuncia del Comandante Departamental de la Policía, coronel Juan Carlos Mercado Heredia, por no resguardar el orden y parcializarse con la gente Movimiento Al Socialismo (MAS)”.
En el documento, el dirigente cívico informó que se declaró “personas no gratas y enemigos” de Potosí al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca a quienes, acusó de discriminar a la región por no atender las demandas de Potosí.
Además exigió al Gobierno abrogar en un plazo de 24 horas, la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.
“El paro continúa, tenemos que salvar Bolivia”, ratificó el cívico.
Se demandó dar un plazo de 24 horas para que la Fiscalía inicie un proceso penal en contra del gobernador potosino, a quien se lo consideró como el responsable de traer a los sectores sociales a la ciudad caso contrario, dijo que “tiene que renunciar a su cargo”.
En el cabildo se exigió también exigir a la Asamblea Legislativa Plurinacional la restitución de los 2/3 para la aprobación de las leyes.